13 Nov n´ | urbanismo informal

Comunicación | El desmantelamiento como intervención urbana en la ciudad formal e informal: agresiones y oportunidad. III Jornadas de Arquitectura y Cooperación. Escuela de arquitectura de Madrid. ETSAM | Madrid | NOV14 |

RESUMEN. Se propone la reflexión sobre las diversas repercusiones que tienen las actuaciones y dinámicas de demolición y desmantelamiento, como intervención urbana y territorial. Se pretende analizar las diferentes causas, planteamientos, procesos, ejecuciones, resultados, agentes implicados  y reflexionar sobre los argumentos a favor y en contra de estas operaciones y sus consecuencias sociales y urbanas. En la ciudad informal los desmantelamientos de grandes extensiones en áreas urbanas híper-degradadas (donde la misma degradación parece justificar la pertinencia del desmantelamiento), se han llevado a cabo en numerosas ocasiones. Bajo el argumento de ordenar y planear la nueva ciudad, se ha dado lugar a operaciones agresivas contra lo construido desde la necesidad básica,  provocando un grave impacto sobre los derechos principales de una población vulnerable. Por otro lado, las demoliciones en la ciudad formal forman parte de procesos muy diferentes, con consecuencias más moderadas para los pobladores. 

EL DESMANTELAMIENTO COMO INTERVENCIÓN URBANA EN LA CIUDAD FORMAL E INFORMAL: AGRESIONES Y OPORTUNIDAD.

Nada sabemos de la vasta multiplicidad -no podemos enfrentarnos a ella- ni como arquitectos, ni como planificadores, ni como cualquier otra cosa (…) si la sociedad no tiene forma, ¿Cómo pueden construir los arquitectos su contra-forma?[2]

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se produce el definitivo auge y crecimiento de las ciudades, que pasan a convertirse en enormes metrópolis, aumentando su propia población y recibiendo un continuo y masivo flujo de personas procedentes de entornos rurales, en busca de una mejor calidad de vida.
El problema demográfico cobra ahora mayor actualidad que nunca. Para el año 2100, las previsiones indican que la población mundial casi se duplicará, alcanzando una cifra cercana a los 10.500 millones de habitantes, de los que la mayor parte de esta población será urbana, pertenecerá además a países con escasos recursos y desarrollo[3] y no será capaz de acceder a una vivienda, ni disfrutar de una habitabilidad básica[4], viéndose obligada a vivir fuera de la legalidad en chabolas, favelas, conventillos, slums, etc. autoconstruidos en zonas residuales y marginales, confirmando que “el lugar de la pobreza se traslada a las ciudades”.[5]

¿Cuál es entonces la estrategia para hacer frente a las realidades urbanas de una sociedad masiva?Diferentes estrategias plantean soluciones diversas, desde la Declaración del Milenio y su compromiso de mejorar la vida de cien millones de pobladores, a los criterios de acción del Global Report on Human Settlements, The Challenge of Slums de UN-Habitat, donde se proponen políticas de recuperación urbana e integración social, empoderamiento de las poblaciones e introducción a las infraestructuras o micro-realizaciones puntuales.
Sin embargo, a pesar de no aparecer en ninguna de las recomendaciones anteriores y de su aparente radicalidad, el desmantelamiento se considera y aplica en muchos casos como respuesta a diferentes problemáticas urbanas, con consecuencias sociales y territoriales de alto impacto y muy distintas según se aplique en la ciudad formal o informal.

LA INFORMALIDAD URBANA Y EL ORDEN URBANO
“Lo que llamamos orden urbano, es el conjunto de normas y reglas, formales y convencionales a través de los cuales se regula la interacción social, las expectativas y las prácticas en torno a la producción, la organización espacial, los usos, las formas de apropiación y los significados atribuidos al espacio urbano”.[6] La dimensión formal de la ciudad, remite a un conjunto de normas jurídicas relacionadas con los derechos de propiedad, la regulación de la apropiación del suelo y sus usos y a la producción de la ciudad en cuanto conjunto de edificaciones, infraestructuras y espacios públicos, y por último a la regulación de las prácticas urbanas.

“La ciudad informal y la informalidad urbanas, implican procesos que se alejan de un determinado orden formal. Hablar de ciudad informal necesariamente implica referirse a espacios urbanos producidos al margen o en contraposición al orden formal”.[7] Un orden formal que ignora generalmente las realidades emergentes de la estructura social, la distribución del ingreso y las condiciones prácticas en las que gran parte de la población urbana accede a la ciudad a través de la vivienda o, como lo define el Instituto Pólis en su presentación del Estatuto de la Ciudad; “no se trata de la ausencia de planificación y sí de una interacción bastante perversa entre procesos socioeconómicos, opciones de planificación y de políticas urbanas, y prácticas políticas que construyeron un modelo de exclusión en el que muchos pierden y muy pocos son los ganadores”.[8]
La ciudad informal es la producida a partir del núcleo residencial cuya implantación antecede a una urbanización y a una parcelación. Son rasgos constitutivos la irregularidad jurídica en la propiedad del suelo, en la producción progresiva de la vivienda y en el espacio de la parcela asociado.
Frente a la ciudad formal caracterizada por estar construida sobre la base de la clara delimitación de lo público y lo privado y por el hecho de construir la ciudad a partir de una determinada concepción del espacio público, la ciudad informal se caracteriza por:
El escaso acceso de los pobladores a la tierra, los servicios y los materiales.
El modo y las circunstancias en las que se produjo el proceso de parcelación y apropiación del suelo, posterior a la construcción de la vivienda.
Las edificaciones se desarrollan de acuerdo con un saber empírico ajeno al orden urbano formal.
Los usos del suelo evolucionan de acuerdo con las necesidades de comercio y servicios de proximidad y la aparición de centralidades locales.
Falta generalizada de infraestructuras y servicios.
Tenencia del suelo no resuelta.
Leyes obsoletas en función del escaso beneficio que la población mayoritaria recibe con su aplicación.

LA VIVIENDA DE LOS POBRES
A pesar de la coexistencia, convivencia y funcionamiento parasitario de ambos tipos de ciudad, muchos gobiernos se niegan a aceptar o al menos a hacer visible la realidad de la mayoría de pobladores de sus urbes. Esta negación supone solo agravar el enorme problema de las áreas de tugurios, puesto que dilata la brecha en el tiempo entre el momento en que la comunidad se construye y el momento en que recibe instalaciones y servicios o mejoras que permitan enfrentarse a una localización inadecuada para el hábitat humano, lo que ocurre en múltiples ocasiones. Supone también no aceptar estos asentamientos como oportunidad sino como amenaza, considerándola además en términos mercantilistas, en los que el problema de la ciudad informal está asociado a la escasez de vivienda, y no a la calidad de la misma.

La problemática no es cuantitativa, sino cualitativa: no es que haya demasiadas pocas casas sino que hay demasiados lugares de albergue de mala calidad y con servicios inadecuados. (…) La mayor parte de los pobres posee algún tipo de vivienda, aun cuando su calidad pueda ser inadecuada. Todo el concepto de déficit de viviendas, sugiere que las casas de calidad tan mala carecen de valor o tienen valor negativo. De este modo, los únicos lugares al alcance de un tercio o más de la población urbana (incluyendo aquellos cuya construcción representó años de esfuerzo y ahorro) son dejados de lado por considerarlos sin valor alguno. Precisamente algunos gobiernos justifican la demolición de grandes asentamientos ilegales y la construcción de nueva vivienda, basándose en esas apreciaciones cuantitativas del problema de la vivienda.[9]

Otras veces las demoliciones, no son sino un efecto secundario del rápido crecimiento o de la renovación urbana, de la globalización de las fuerzas económicas, las medidas de ajuste estructural, la pasividad de los poderes públicos a la hora de garantizar los derechos de los grupos desfavorecidos, la discriminación progresiva, los proyectos de desarrollo e infraestructura, los acontecimientos internacionales de importancia (juegos olímpicos, exposiciones universales, mundiales de fútbol, etc.), especulación desenfrenada o las actividades de reacondicionamiento urbano u ornato municipal.

 EL DESMANTELAMIENTO COMO EXPULSIÓN FORZOSA
Tras una década, los años setenta, donde las políticas de desalojo,  desmantelamiento y construcción de nuevas viviendas públicas, parecían la solución al problema de la informalidad, pronto se apreció que la capacidad de los gobiernos para generar viviendas dignas y accesibles era muy insuficiente y que las motivaciones que primaban en esas actuaciones eran factores diferentes a la necesidad y la ayuda social.
Nuevos modos de intervención más adecuados y justos han surgido al amparo del Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad[10], como el crédito y la asistencia técnica, la rehabilitación y mejora barrial, la dotación de servicios e infraestructuras, el empoderamiento local con vecinos, asociaciones y municipalidades en la toma de decisiones, o las micro-realizaciones con extensión a experiencia piloto. Sin embargo, y a pesar del éxito de muchas de estas experiencias que trabajan desde la escala local y la necesidad real de los moradores, las demoliciones y desalojos siguen funcionando como herramienta urbana a la hora de planificar la ciudad del futuro.
Como se señalaba anteriormente, las causas que motivan las grandes demoliciones son muy variadas, pero todas se basan en la gran indefensión de los habitantes, que carecen de títulos de propiedad del suelo o de sus viviendas o dinero para defender sus intereses. Así, mientras en la ciudad formal las demoliciones tienen como fin la mejora y servicio de la propia ciudad, con procesos legales, dilatados en el tiempo y donde los propietarios reciben compensaciones más o menos justas por los derribos, el desmantelamiento de la ciudad informal se produce al servicio de la ciudad formal (a la que no se puede tener acceso), ya que entraña con frecuencia el traspaso de terrenos de alto valor de los grupos más pobres a los grupos de ingresos medios o superiores o la desocupación de terrenos para construir casas, centros comerciales, carreteras y otras infraestructuras que benefician principalmente a los grupos más acomodados, que se realizan normalmente en condiciones de inmediatez, violencia y sin compensación alguna o con realojos muy deficientes (situados a gran distancia del emplazamiento original y en terrenos con menos valor)[11].
En la mayoría de los casos mencionados, las personas desalojadas no sólo pierden su hogar y su vecindario, en los que suelen haber invertido una buena parte de sus ingresos a lo largo de los años, sino también las relaciones mutuas, que sirven de red de protección o supervivencia, y que permiten compartir muchas tareas. Suelen perder una o más fuentes de sustento ya que tienen que abandonar el lugar en que tenían un empleo o su fuente de ingresos o bien recorrer enormes distancias desde su nueva ubicación a su centro de trabajo, que en muchos casos es también informal. En consecuencia, las personas obligadas a desocupar definitivamente sus hogares por grandes proyectos de desarrollo o construcción, operaciones para eliminar barrios de tugurios, medidas de renovación urbana, órdenes de venta obligatoria o expropiación o por otra serie de motivos, deben considerarse un grupo al que hay que aportar la protección del derecho internacional en materia de derechos humanos[12].
Esta problemática es especialmente dramática en las recién llamadas Ciudades de Clase Mundial[13], donde para establecer esta imagen, las poblaciones pobres son desplazadas a la periferia, y los reglamentos, que ya van en contra de los pobres se vuelven hostiles al permitir conversiones de uso del suelo negativas medioambiental y socialmente[14]. La repercusión más importante de la planificación de estas urbes consiste en que el capital global determine cada vez más la conformación física y social de la ciudad.
Este modo de operar, con reubicaciones forzosas para dejar sitio a edificios en altura y mega-proyectos, ha dado como resultado un enorme aumento de las expulsiones en toda Asia, Latinoamérica y África durante los últimos años. Solo en Delhi más de quinientas mil personas fueron desalojadas por la preparación de los Juegos Asiáticos de 2010[15].
A lo anterior se suma el hecho de que los desalojos forzosos pueden ser realizados, propuestos, iniciados o tolerados por diversas entidades, no solo los gobiernos nacionales, los gobiernos locales y municipales, sino autoridades de ocupación, empresas urbanizadoras, planificadores, propietarios de viviendas (públicos y privados), especuladores inmobiliarios e instituciones financieras y otros organismos internacionales, lo que confiere aún más indefensión a la población pobre, puesto que la mayoría de estos agentes no la tiene como prioridad en sus actuaciones.

Hay múltiples ejemplos de lo aquí expuesto: la operación “Murambatsvina” (sacar la basura) en Zimbabwe, Desmantelamiento y arrase de una zona tugurizada en Zimbabwe “Abahlali base Mjondolo” en Durban, Sudáfrica, los pavement dwellers en Mumbai, India, la Villa Los Cóndores, Temuco, Chile, el tugurio de “Old Fadama” en Accra, Ghana, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, La Ex AU3, Villa La Maternidad y Villa de Paso en el gran Buenos Aires, “Villa Esfuerzo” en Santo Domingo, República Dominicana, los mundiales de futbol de Brasil 2014, y muchas actuaciones más, todas ellas con miles de personas perdiendo sus derechos y su derecho a la ciudad.
A pesar de ello, la mayoría de estas intervenciones son también ejemplo de organización, de resistencia y búsqueda de soluciones reales y alternativas con las que trabajar en la verdadera necesidad.

EL DESMANTELAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE ACCIÓN URBANA POSITIVA.
Estas luchas se han centrado en dos líneas de trabajo: evitar los desalojos y, cuando estos eran necesarios o útiles, implicar a las principales partes interesadas, en especial las comunidades afectadas, en el proceso de planificación y gestión.
En la primera, la concesión del derecho de ocupación o de un título legal de propiedad a los que ocupan una vivienda o tierra, contribuye considerablemente a impedir los desalojos forzosos y garantiza cierto grado de seguridad. La tenencia adopta una gran variedad de formas, pero en cualquiera de estos programas de regularización, que otorgan seguridad jurídica a los pobladores respecto de la tenencia de su vivienda, deben además integrarlas física y socialmente al resto de la ciudad.
Del mismo modo deberían asignarse suficientes recursos para la justa indemnización y reintegración de los afectados, que deben poder aprovechar el proceso de desarrollo de modo sostenible, sin una situación peor a la anterior a su traslado[16].
En el segundo de los casos, si el desmantelamiento es utilizado con un enfoque positivo y sirve para dejar libres tierras y zonas urbanas a fin de construir viviendas sociales para quienes todavía no disfrutan del derecho a la vivienda, el problema empieza a transformarse en solución.
Esto podría ocurrir en el caso de las grandes extensiones de tierra infra-utilizada, pero bien ubicada, existente en la mayoría de ciudades del Tercer Mundo. Cuarteles militares, campos de entrenamiento, terrenos ferroviarios o portuarios sin actividad, tierra desocupada de órdenes religiosas o clubes deportivos o parcelas vacías o en ruina esperando plusvalías especulativas, podrían ser fácilmente desmantelados y cedidos para los grupos de gente con menores posibilidades e ingresos[17].
La mayoría de asentamientos se conforman sin planificación alguna, a partir del núcleo de la vivienda, sin parcelación ni urbanización, por lo que son lugares con enormes problemas en la dotación de espacio público, accesibilidad o dotación de infraestructuras. En estos casos tampoco suele encontrarse espacio vacante y disponible para incorporar estas dotaciones tan necesarias a la hora de convertir el asentamiento en barrio o comunidad. Es aquí donde el desmantelamiento se muestra como herramienta válida de intervención urbana, donde puede contribuir a la regeneración barrial.
Este desmantelamiento debe ser siempre selectivo, con participación local, teniendo el mejoramiento de la vida de los residentes como prioridad[18] y una base de apoyo técnico. Primero será necesario decidir qué se va a demoler y dónde. También en qué plazo ha de hacerse y el lugar de reubicación de esas viviendas, a partir de estos vacíos necesarios generados[19]. Será obligatoria una propuesta de barrio, con un esfuerzo participativo donde los habitantes deben jugar un papel central en los procesos relacionados con la producción de un espacio urbano.
En el caso de ser preciso el desmantelamiento de áreas con riesgo para sus pobladores se deberán garantizar mecanismos transparentes para la asignación de los terrenos del nuevo asentamiento, la reubicación temporal de los pobladores durante el tiempo de la ejecución de las nuevas viviendas y sus condiciones de vida digna.
Frente a la facilidad con la que ocurren las demoliciones en la ciudad informal, donde en apenas horas se pueden desmontar barrios enteros, en la ciudad formal los procesos son mucho más largos y complejos, incluso en el caso de edificaciones que incumplen la ley y cuyos únicos intereses son económicos, políticos y comerciales[20].

[1] n´UNDO propone la re-arquitectura del territorio y la ciudad desde la renuncia y la resta, mediante los modos de actuación: No Construcción, Minimización, Reutilización y Desmantelamiento. Su trabajo se fundamenta en la crítica, el debate y la reflexión, desde donde desarrolla su base teórica, la cual da lugar a diversas prácticas y actuaciones basadas en la participación y lo multidisciplinar.

[2] Aldo van Eyck, 1966. Con este texto, se cuestionan los postulados urbanos del movimiento moderno, así como sus sucesivas reconfiguraciones sucedidas en los diferentes Congresos de los CIAM.

[3] Desarrollo, en referencia a un país o sociedad: bienestar humano; creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Según definición elaborada por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

[4] Es la que colma las necesidades esenciales de cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción requiere, pues, que se cubran las urgencias residenciales del vivir: no sólo las que conciernen a la mera vivienda, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un entorno externo propicio para la reproducción vital. Tales condiciones de habitabilidad definen su nivel mínimo, cuya satisfacción es condición sine qua non de posibilidad para lograr progresivamente la vida buena y, con ella, el pleno desarrollo de las capacidades que albergan comunidades e individuos. Julián Sálas / Felipe Colavidas. ICHaB (Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica).

[5] Extracto de un discurso de Kofi Annan. En los próximos treinta años casi un 70% de la población urbana de los países en vías de desarrollo estará tugurizada.

[6] Duhau Emilio, Universidad Autónoma Metropolitana. México. La ciudad informal. el orden urbano y el derecho a la ciudad.

[7] Ibid 6

[8] Polis (s/d). El Estatuto de la Ciudad. Nuevas herramientas para garantizar el derecho a la ciudad en Brasil.

[9] Munro, Ingrid y varios autores. Repensando la Ciudad del Tercer Mundo. Grupo Editor Latinoamericano.1985.

[10] El derecho a la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos, y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. Es el  derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales, a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción colectiva), a vivir dignamente en la ciudad, a la convivencia, al gobierno de la ciudad y el derecho a la igualdad de derechos. Lefebvre, Henri. Le droit à la ville. Anthropos. Paris, 1968.

[11] El desalojo forzoso desmantela lo que la gente ha tomado meses, años y hasta decenios en construir, destruyendo cada año el sustento, la cultura, la comunidad, las familias y los hogares de millones de personas en todo el mundo. Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos.

[12] Ibid 10

[13] Sassen, Saskia. La ciudad global, 1991. Concepto de geografía urbana acuñado por el Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC), Loughborough University.

[14] “Según la agenda de la ciudad de Clase Mundial, la ciudad debe contar con arquitectura icónica por medio de la cual se debería reconocer, debe estar equipada para ser sede de un mega-evento internacional, debe contar con departamentos en rascacielos, por oposición a asentamientos mejorados y barrios de baja altura. También debe ofrecer servicios turísticos y contar con centros comerciales en lugar de mercados tradicionales. Para resolver su creciente problema de tráfico debe construir pasos a desnivel, subterráneos y autopistas en vez de restringir la producción y la compra de automóviles y de gestionar el tráfico con más eficiencia. Debe desarrollar una infraestructura propicia para las inversiones y una imagen de ciudad de Clase Mundial. Esta se sitúan en países emergentes, principalmente en Asia”. Mahbubur Rahman; Global City Asian Aspirations; articulo, Seminario sobre Urbanismo en un mundo globalizante, Universidad NED de Karachi, 2009.

[15] Todos los estudios demuestran que las personas afectadas no fueron consultadas antes del desalojo, que fueron sometidas a una sutil coacción y con frecuencia a la fuerza bruta, y que se empobrecieron aún más o contrajeron nuevas deudas en el proceso de desalojo y/o de reubicación. Ibid 12.

[16] Prácticas ejemplares y premiadas en este sentido son las desarrolladas en Agadir, Marruecos por la Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre (ANHI), para la mejora de las condiciones de las viviendas de ocupantes ilegales y chabolistas de la periferia de la ciudad; o el programa Favela- Barrio en Rio de Janeiro, Brasil, con la inserción de nuevas vías, parques, centros cívicos y sociales, mejora y reubicación de viviendas; o el fideicomiso de terrenos de la comunidad en Tanzania-Bondeni, Kenia, donde además de la tenencia legal del suelo se contempla la creación de espacio público, vías de comunicación y nuevas infraestructuras en el barrio. Todos estos procesos han trabajado con la demolición parcial y selectiva y la toma de decisiones participativa y consensuada.

[17] Amparándose nuevamente en el concepto de Derecho a la Ciudad de Lefebvre, tal como comenta Purcell: El derecho a apropiarse del espacio urbano, expresado como el derecho de uso: el derecho de los habitantes a usar plenamente los espacios urbanos en sus vidas cotidianas. Es el derecho a usar los espacios urbanos de una ciudad determinada con el fin de ocuparlos, vivir, recrearse, trabajar, representarlos y caracterizarlos.

[18] Harvey,  David. Discurso en el FSM, Belém 2010, El Derecho a la Ciudad como alternativa al neoliberalismo.[19] … no siempre se derriba para destruir y construir después. Por el contrario, se derriba para ganar espacio libre, aire, luz, los cuales concurren con diligencia allá donde se suprimen los obstáculos. Adorno, T. W. Estudio sobre Ideología y Lenguaje.

[20] Es especialmente significativo en este sentido el ejemplo del hotel el Algarrobico en Almería, España, en pie a pesar de ocho años de procesos judiciales y más de veinte sentencias en contra.